Apdhe lanza una campaña de sensibilización para extraditar a Carrascosa antes de que se inicie el proceso penal en EEUU

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) - La Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe) inició hoy una campaña de sensibilización con el fin de extraditar a María José Carrascosa antes de que se inicie el proceso penal el próximo día 20 de octubre en Estados Unidos.
Carracosa, de 42 años, lleva desde noviembre de 2006 en prisión preventiva en Nueva Jersey, donde se la acusa de haber secuestrado a su hija, que actualmente reside en España con sus abuelos maternos. Su padre, ciudadano americano, exige la custodia de la menor, amparo que le correspondió a su madre según una sentencia firme de un juzgado español.
En este sentido, la abogada de la familia, Piluca Hernández, reclamó su vuelta a España alegando las sentencias en firme de las que dispone, resoluciones que "no reconocen los tribunales americanos", indicó en rueda de prensa.
La abogaba afirmó que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se les indicó que estaban ante un "conflicto de jurisdicciones", ante lo cual aseguró que "la misma materia no puede ser juzgada en dos países". Ante esta situación, la defensa se apoya en la legislación internacional y en el principio de reciprocidad, el cual "no cumplen los tribunales americanos".
Tanto la asociación, como su abogada y su familia, representada por su padre, José Carrascosa, presente también en la rueda de prensa, quieren sensibilizar a la sociedad civil de esta situación "irregular", y abogan por que se consiga un acuerdo bilateral entre el Gobierno español y el estadounidense.
ENFERMEDAD DE CARRASCOSA
Según relató el padre de Carrascosa, ésta se encuentra en una "situación lamentable" físicamente ya que sufre de tiroides, tiene extirpado el bazo, dispone de medio páncreas y todo eso junto con su situación ha derivado a que ahora padezca diabetes 2. Además, indicó, ha sufrido malos tratos en la cárcel por "represalias" ante actuaciones a su favor que se desarrollan en España.
Asimismo, afirmó que estaba en tratamiento de desintoxicación antes de ingresar en prisión ya que podría haber ingerido "sustancias externas". Por ello, realizaron dos envíos a través del ministerio con la medicación que ella necesitaba pero fueron devueltos.
Su familia ha gastado casi un millón de euros durante todo el proceso y asegura que "está destrozada" y, según insistió su padre, teme por la vida de su hija. Además, no pueden ir a verla a la cárcel puesto que sobre ellos (los abuelos) también recae una orden de detención por cómplice de secuestro. "Se encuentra en una situación de desamparo", concluyó.