Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Plaza Marqués de Salamanca, 8
28071 Madrid
La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), se siente obligada a transmitirle nuestra denuncia de la vulneración de derechos humanos en la persona de Doña María José Carrascosa, ciudadana española, a consecuencia del mal funcionamiento de la Administración de Justicia y de la Cooperación Internacional entre las Autoridades Judiciales estadounidenses y españolas. El resultado es la penosa situación en que la Sra. Carrascosa se encuentra: presa en Estados Unidos, decretado el embargo de todos sus bienes, apremiada con multas coercitivas, etc.
La APDHE entiende que al menos en el mundo occidental, cuando no en una sociedad globalizada, es intolerable que un ser humano sufra la privación de derechos humanos como el de la libertad y tutela judicial efectiva. El hecho de que concurran en un caso conflictos jurisdiccionales o de competencia entre los Tribunales de dos naciones, en este caso Estados Unidos y España, no justifica el que los órganos judiciales atiendan más a sus supuestas prerrogativas de potestad jurisdiccional, que a la dignidad de las personas que involuntariamente se ven complicadas en tales conflictos de competencias, para ellas irresolubles.
Existiendo Sentencia Firme en España, contra la cual no cabe ulterior recurso, no debió resolver posteriormente, sobre la misma cuestión, la jurisdicción de Nueva Jersey, debiendo haber declinado la misma.
Vistos todos los procedimientos judiciales habidos hasta la fecha y las resoluciones de los mismos, concluímos en
Exigir la cooperación entre tribunales, acordando la nulidad de la orden de prisión y la inmediata puesta en libertad de Dª. María José Carrascosa a los Juzgados de Nueva Jersey que ordenan, bajo medidas coactivas, que Doña María José Carrascosa, desacate lo ordenado por los jueces españoles, con una clara vulneración del Convenio de La Haya, al que está sometido el propio Tribunal conforme a los Estatutos de la Administración Civil y Criminal de Nueva Jersey, al estar demostrando que el padre jamás ejerció la guarda y custodia de la menor.
Finalmente, de “lege ferenda”, nos permitimos instarle a que, en su condición de Ministro de Asuntos exteriores y de Cooperación, negocie un Tratado Bilateral con Estados Unidos de América, para el reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia civil, y especialmente en las relaciones con responsabilidad parental, a fin de que podamos evitar la existencia de futuros problemas de cumplimiento de resoluciones judiciales, así como cuestiones de conflictos de competencia.
Agradecido por la atención que prestará y sin duda ya está prestando a este caso, difícil es cierto, pero por demás urgente, quedo en nombre de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y en el mío propio, suyo Afmo.
Fdo./ Manuel Ollé Sesé
Presidente
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Plaza Marqués de Salamanca, 8
28071 Madrid
La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), se siente obligada a transmitirle nuestra denuncia de la vulneración de derechos humanos en la persona de Doña María José Carrascosa, ciudadana española, a consecuencia del mal funcionamiento de la Administración de Justicia y de la Cooperación Internacional entre las Autoridades Judiciales estadounidenses y españolas. El resultado es la penosa situación en que la Sra. Carrascosa se encuentra: presa en Estados Unidos, decretado el embargo de todos sus bienes, apremiada con multas coercitivas, etc.
La APDHE entiende que al menos en el mundo occidental, cuando no en una sociedad globalizada, es intolerable que un ser humano sufra la privación de derechos humanos como el de la libertad y tutela judicial efectiva. El hecho de que concurran en un caso conflictos jurisdiccionales o de competencia entre los Tribunales de dos naciones, en este caso Estados Unidos y España, no justifica el que los órganos judiciales atiendan más a sus supuestas prerrogativas de potestad jurisdiccional, que a la dignidad de las personas que involuntariamente se ven complicadas en tales conflictos de competencias, para ellas irresolubles.
Existiendo Sentencia Firme en España, contra la cual no cabe ulterior recurso, no debió resolver posteriormente, sobre la misma cuestión, la jurisdicción de Nueva Jersey, debiendo haber declinado la misma.
Vistos todos los procedimientos judiciales habidos hasta la fecha y las resoluciones de los mismos, concluímos en
Exigir la cooperación entre tribunales, acordando la nulidad de la orden de prisión y la inmediata puesta en libertad de Dª. María José Carrascosa a los Juzgados de Nueva Jersey que ordenan, bajo medidas coactivas, que Doña María José Carrascosa, desacate lo ordenado por los jueces españoles, con una clara vulneración del Convenio de La Haya, al que está sometido el propio Tribunal conforme a los Estatutos de la Administración Civil y Criminal de Nueva Jersey, al estar demostrando que el padre jamás ejerció la guarda y custodia de la menor.
Finalmente, de “lege ferenda”, nos permitimos instarle a que, en su condición de Ministro de Asuntos exteriores y de Cooperación, negocie un Tratado Bilateral con Estados Unidos de América, para el reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia civil, y especialmente en las relaciones con responsabilidad parental, a fin de que podamos evitar la existencia de futuros problemas de cumplimiento de resoluciones judiciales, así como cuestiones de conflictos de competencia.
Agradecido por la atención que prestará y sin duda ya está prestando a este caso, difícil es cierto, pero por demás urgente, quedo en nombre de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y en el mío propio, suyo Afmo.
Fdo./ Manuel Ollé Sesé
Presidente
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